Si diriges una correduría de seguros, tu negocio está sujeto a más normativas de las que probablemente tienes controladas. No es culpa tuya: la carga regulatoria ha crecido mucho en los últimos años, y las corredurías pequeñas no tienen departamento legal ni compliance officer. Pero el desconocimiento no exime del cumplimiento, y las sanciones son reales.
Este checklist resume las obligaciones legales que una correduría de seguros debe cumplir en 2026. No es un tratado jurídico, sino una guía de acción para identificar rápidamente qué tienes cubierto y qué no.
El Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679), complementado por la LOPDGDD española (Ley 3/2018), establece obligaciones estrictas para quien trate datos personales. Las corredurías son responsables del tratamiento, lo que implica obligaciones directas.
Las corredurías que gestionan seguros de salud, vida o decesos tratan datos de salud (categoría especial bajo el RGPD). Esto implica:
| Gravedad | Rango de sanción |
|---|---|
| Leve | 900 - 40.000 € |
| Grave | 40.001 - 300.000 € |
| Muy grave | 300.001 - 20.000.000 € (o 4% facturación) |
Las corredurías pequeñas raramente reciben sanciones millonarias, pero multas de 5.000 a 60.000 € por incumplimientos formales (falta de registro de actividades, contratos de encargado no firmados) son perfectamente habituales.
El RDL 3/2020 transpone la Directiva IDD (2016/97) y regula la actividad de distribución de seguros en España. Es la norma que define qué es un corredor, qué obligaciones tiene y cómo debe actuar.
El requisito de documentar la recomendación personalizada es el más incumplido en la práctica. No basta con enviar un presupuesto: debes poder demostrar que evaluaste las necesidades del cliente, que comparaste opciones y que la recomendación se basó en un análisis objetivo.
Si usas un multitarificador que genera comparativas y las vincula al expediente del cliente, este requisito se cumple de forma casi automática. Si cotizas por teléfono y envías presupuestos por WhatsApp, la trazabilidad es prácticamente inexistente.
La Ley 10/2010 y el RD 304/2014 establecen obligaciones de prevención de blanqueo para determinados mediadores de seguros. Los corredores son sujetos obligados cuando actúan en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones reglamentarias aplicables. No toda correduría queda incluida por el mero hecho de ser mediador (artículo 2 de la Ley 10/2010).
Si solo gestionas auto, hogar, RC u otros ramos que no estén incluidos expresamente en la Ley 10/2010, este checklist de PBC no debe presentarse como una obligación general de toda correduría. Si operas en Vida u otros servicios incluidos, revisa las obligaciones y excepciones aplicables al caso concreto.
Si la correduría intermedia seguros de vida u otros productos incluidos en la Ley 10/2010, debe revisar su condición de sujeto obligado y las obligaciones que le correspondan.
La Ley 2/2023 de protección al informante (transposición de la Directiva Whistleblowing) obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a implantar un sistema interno de información (canal de denuncias). Para empresas de menos de 50 trabajadores no es obligatorio, pero sí recomendable.
La mayoría de corredurías tienen menos de 50 empleados, por lo que no están obligadas. Sin embargo, si tu correduría forma parte de un grupo empresarial que en conjunto supera los 50 trabajadores, la obligación aplica al grupo.
Aunque no estés obligado, tener un canal de denuncias básico (un email dedicado con protocolo de gestión) es una buena práctica que demuestra gobernanza y puede prevenir problemas mayores.
El Reglamento de requisitos para software de facturación (RD 1007/2023) obliga a que los sistemas informáticos de facturación cumplan requisitos de integridad y trazabilidad. Cada factura genera un registro con medidas de seguridad, como la huella digital y la referencia al registro anterior. Según la modalidad elegida, el sistema remite esos registros a la AEAT o los conserva con controles adicionales.
Las cuantías dependen de la conducta y del responsable. El artículo 201 bis de la Ley General Tributaria contempla, entre otras, 50.000 € por cada ejercicio por la tenencia de un sistema no certificado cuando debía estarlo, 150.000 € por cada ejercicio y tipo de sistema para determinadas conductas de fabricación, producción o comercialización, y 1.000 € por sistema comercializado sin certificación cuando era exigible. Consulta el criterio de la AEAT antes de atribuir una sanción concreta.
Las corredurías de seguros (personas jurídicas con volumen de primas intermediado superior a determinados umbrales) están obligadas a presentar una declaración estadístico-contable anual ante la DGSFP. El modelo y contenido varían según el tamaño de la correduría.
El RD 287/2021 establece la obligación de formación continua para todo el personal que participe en la distribución de seguros:
| Concepto | Requisito |
|---|---|
| Horas anuales | 25 horas para los niveles 1 y 2; 15 horas para el nivel 3 |
| Contenido | Actualización normativa, productos, protección de datos, PBC |
| Acreditación | Certificados de centros autorizados |
| Conservación | Debe conservarse documentación acreditativa |
La mayoría de estas obligaciones tienen un denominador común: requieren trazabilidad, documentación y control de acceso. Exactamente lo que una hoja de cálculo no puede ofrecer y un software de gestión sí.
| Obligación | Con Excel | Con software de gestión |
|---|---|---|
| Registro de actividades RGPD | Manual (si existe) | Automático |
| Trazabilidad de recomendaciones IDD | Inexistente | Historial de cotizaciones por cliente |
| Control de acceso a datos | No hay | Roles y permisos por usuario |
| Documentación PBC (10 años) | Carpetas dispersas | Archivo digital centralizado |
| Alertas de vencimiento de pólizas | Manual | Automático |
| Protocolo de brechas RGPD | Imposible detectar | Logs de acceso auditables |
| Comparativas documentadas (IDD) | Capturas de pantalla | PDF generados automáticamente |
| Normativa | Sanción típica para correduría pequeña |
|---|---|
| RGPD (infracción grave) | 5.000 - 60.000 € |
| IDD (falta de documentación) | Apercibimiento - 30.000 € |
| PBC (incumplimiento formal) | 3.000 - 150.000 € |
| Sistemas informáticos de facturación | Depende de la infracción concreta (art. 201 bis LGT) |
La esperanza matemática (probabilidad × impacto) de estas sanciones es difícil de calcular, pero incluso asumiendo una probabilidad baja de inspección, el impacto potencial supera con creces el coste de cumplir.
Una plataforma de gestión que cubra CRM, pólizas, documentación y trazabilidad cuesta entre 200 y 500 € al mes para una correduría típica. Añade una asesoría de protección de datos (500-1.500 €/año) y un manual de PBC (500-1.000 € por elaboración), y el coste total de cumplimiento se sitúa en 4.000-8.000 € anuales.
Comparado con una sola sanción de 10.000 €, la cuenta es clara.
Si al leer este checklist te has dado cuenta de que hay puntos sin cubrir, no entres en pánico. Prioriza así:
El cumplimiento normativo se vuelve más manejable cuando queda integrado en la gestión diaria. Con una plataforma específica puedes dejar registradas cotizaciones, accesos y documentos sin depender de hojas sueltas o recordatorios manuales.
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